El
empresariado catalán, acosado por el terrorismo anarquista estuvo detrás del
pronunciamiento militar de Primo de Rivera del 13 de septiembre de 1923.
También
los políticos de la Restauración habían agotado todas sus posibilidades de Gobierno,
dando lugar a un proceso acelerado de descomposición nacional.
Eran
muchos los que reclamaban una “mano fuerte” que enderezase el rumbo del país.
El
pronunciamiento de Miguel Primo de Rivera, a pesar de su ilegalidad, fue
recibido como mal menor por muchos españoles.
Primo
de Rivera, después del Golpe Militar, prohibió los partidos políticos pero su
enemigo fue siempre el anarquismo (el mismo enemigo de la burguesía catalana)
al que persiguió con dureza y sin darle respiro.
La
UGT, sindicato socialista, sin embargo gozó de mucha tolerancia. Largo
Caballero fue nombrado Consejero de Estado por el Dictador, y los gremios
socialistas recibieron cuantiosas ayudas oficiales.
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