ABC.ES / MADRID
Día 06/05/2015 - 12.11h
El partido de Pablo Iglesias presenta para el 24-M una mayor
carga fiscal para las rentas superiores a 50.000 euros, recupera el impuesto de
Sucesiones y reduce el umbral para pagar el patrimonio
Podemos se retrata.
Con gran expectación, el partido liderado por Pablo Iglesias
presentó ayer en Madrid sus propuestas con las que concurre a las elecciones municipales
y autonómicas del 24-M.
El programa, que Iglesias ya avanzó que no contentaría
a todos, demuestra que las promesas sociales que han sido la bandera del
partido desde su nacimiento sólo se podrán pagar con más impuestos.
Y ello afectará especialmente a las clases medias, que
verán aumentada la carga fiscal a partir de los 50.000 euros de renta.
Además, Podemos introduce de nuevo el Impuesto de
Sucesiones, una «tasa turística» para hacer caja con el turismo y reduce el
umbral para pagar por el patrimonio.
Por si fuera poco, a estos nuevos impuestos se suma la
supresión de muchas de las deducciones como las de la vivienda o de algunos
gastos del colegio privado. Podemos, eso sí, se olvida entre sus propuestas de
la renta universal que tanto prometieron desde su fundación y renuncia al
ímpago de la deuda.
El «Programa del cambio», que admite en su introducción que
«las recetas mágicas sólo existen en los cuentos», incluye 215 medidas para «un
proyecto de país» divididas en cuatro bloques, y el primero de ellos se ocupa
del prometido plan de rescate ciudadano para llevar a cabo en los primeros cien
días de gobierno.
*.- Aquí se incluye su propuesta de elaborar una ley
de emergencia contra los desahucios, que plantea la dación en pago con carácter
retroactivo para todas las personas «con deudas hipotecarias vivas» que hayan
entregado la vivienda.
*. Propone regular un procedimiento judicial especial
para evitar esos desahucios a personas sin recursos, así como reducir el
capital pendiente del préstamo ajustándolo al valor real de la vivienda.
*.- Garantizar el suministro de agua, luz y gas a
todos los hogares, declarando su carácter de servicio público, es otra de las
promesas incluidas en la ley de emergencia de Podemos, que establecería un
«mínimo vital» de esos recursos para que en situación de pobreza el pago máximo
no supere el 10 por ciento de los ingresos mensuales del hogar, para lo que se
establecerá un fondo autonómico.
Un plan gradual para llegar a las «35 horas»
En materia económica, plantea un «plan de garantía de renta»,
que no consiste en aprobar aquella renta básica universal de la que hablaban en
las europeas, sino en aproximar las rentas mínimas de inserción de las
comunidades autónomas al salario mínimo interprofesional (SMI) anual -fijado
actualmente en 648,60 euros al mes- de forma «gradual» y «en virtud de las
posibilidades». Sí permanece en este programa la propuesta de Podemos de
emprender «un plan gradual» para llegar a la jornada laboral de 35 horas,
empezando por el empleo público.
El programa no incluye una memoria económica detallada, que
según fuentes del partido se añadirá después en cada comunidad autónoma, pero
sí plantea reformas en materia de fiscalidad para conseguir los fondos para
financiar sus medidas. Así, propone un sistema fiscal armonizado en todas las
CC.AA., para que ninguna de ellas sea desleal al resto, y hacer más progresivos
los impuestos autonómicos con una reforma que derogue bonificaciones del
impuesto de sucesiones para las rentas altas y recupere el impuesto de patrimonio,
reduciendo el mínimo exento a un patrimonio de 400.000 euros. También pretende
intensificar la progresividad en el tramo autonómico del IRPF reduciendo los
tipos mínimos para rentas de menos de 25.000 euros, suavizar los tipos entre
25.000 y 50.000 euros y aumentar los que sean superiores.
Énfasis en la lucha contra la corrupción
*.- La lucha contra la corrupción es otro de los ejes
del programa de Podemos, que promete una ley de transparencia autonómica que
obligue a todos los diputados autonómicos a hacer una declaración anual de
bienes y otra de gastos mensuales relacionados con el ejercicio de su función.
*.- Los cargos electos tendrán también el deber de
informar de su agenda, del contenido de sus reuniones y de cualquier documento
que hayan debatido, y los altos cargos serían sometidos a un protocolo de
rendición de cuentas para evaluar el grado de cumplimiento de sus compromisos.
*.- Podemos apuesta además por la creación de un
fichero de condenados por corrupción, que recogerá los nombres de personas físicas
y jurídicas condenadas por estos delitos, para evitar ilegalidades en la
contratación pública, y plantea la prohibición de las puertas giratorias y la
regulación de los «lobbies» en cada comunidad autónoma.
Salud y educación
*.- La salud pública es otra de las prioridades de
Podemos, que se compromete a revertir la privatización de los hospitales e
impulsar la recuperación de los servicios externalizados, como la lavandería
central, el mantenimiento o las donaciones de sangre.
*.- Quieren también promover la fabricación de
medicamentos genéricos para enfermos que se ven obligados a seguir tratamientos
costosos como el de hepatitis C y proponen además reducir las listas de espera,
establecer el derecho a una muerte digna y garantizar el derecho al aborto en la
sanidad pública.
En el ámbito educativo,
además de derogar la Lomce y pedir una moratoria para
su ejecución hasta el 2016, aboga por fortalecer la escuela pública con aumento
de plazas de alumnos y profesores, reducir las horas lectivas por docente y
limitar las clases a 23 alumnos en primaria y 25 en secundaria, así como
guarderías gratuitas y gratuidad también para el material escolar. La
innovación y la investigación son para Podemos la clave en la mejora de la
productividad sin reducir salarios, sino mediante el alza del gasto en I+D+i al
2 % del PIB en cada comunidad, como ha defendido el candidato por Madrid, José
Manuel López, quien ha expuesto el nuevo modelo productivo de Podemos.
Las medidas de Podemos
FISCALIDAD Y OTRAS MEDIDAS ECONÓMICAS
- Recuperación del impuesto sobre el patrimonio allí
donde haya sido derogado «de facto», así como la disminución del mínimo exento
y la revisión de las deducciones y bonificaciones existentes. En concreto,
propone reducir el mínimo exento a un patrimonio neto de 400.000 euros, frente
a los 700.000 euros aplicables de manera general.
- Derogación de las bonificaciones en el impuesto de
sucesiones y donaciones.
- Revisión de «la mayor parte de las deducciones en la
cuota autonómica del IRPF que se practican en la actualidad» y que carecen de
carácter redistributivo con sentido progresivo.
- Incremento de la progresividad del tramo autonómico
del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) reduciendo los tipos
mínimos que afectan a las rentas inferiores a 25.000 euros, suavizando los
tipos entre 25.000 y 50.000 euros y aumentando los tipos impositivos de las
rentas superiores a los 50.000 euros.
- Nuevos impuestos sobre la contaminación atmosférica,
sobre actividades de alto riesgo ambiental, sobre el daño medioambiental
causado por las grandes áreas de venta, y sobre las bolsas de plástico de un
solo uso.
- Creación de una ecotasa que grave los
establecimientos turísticos para corregir sus impactos medioambientales,
sociales y culturales.
- Revisar el Impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados.
- Declaración de las comunidades autónomas como zonas
libres de fracking.
VIVIENDA Y SUMINISTROS BÁSICOS
- Paralización los desahucios «que afecten a los
deudores de buena fe que no hayan podido hacer frente a sus pagos por
encontrarse en una situación de dificultad económica».
- Implantación de un procedimiento judicial
simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas, que contemplará
la limitación de la deuda hipotecaria al valor del bien hipotecado --más
conocida como dación en pago--; la posibilidad de ajustar la deuda pendiente al
valor actual de la vivienda --mediante una nueva tasación con los precios
actuales y no los del tiempo de la burbuja--; y la dación en pago retroactiva,
a la que podrán acogerse «todas las personas con deudas hipotecarias vivas que
ya han entregado su vivienda al banco».
- Creación de un Servicio Público del Derecho a la
Vivienda para comparecer en los procedimientos judiciales y evitar desalojos
forzosos sin alternativa habitacional. «Se instará a la autoridad judicial para
que se paralicen los desahucios que no cumplan con los estándares
internacionales de derechos humanos», añaden.
- Prohibición de contratar desde las Administraciones
Públicas con entidades bancarias que ejecuten desahucios.
- Procedimiento para sancionar económicamente a
entidades o personas que posean más de diez viviendas vacías, y no quieran
sacarlas al mercado del alquiler. En los casos muy graves, contemplan «la
cesión obligatoria temporal de la vivienda para la gestión pública».
- Suministro de luz, agua y gas garantizado. Impedirán
el corte de estos servicios «cuando se trate de la vivienda habitual del
consumidor y cuando el impago de la factura se deba a motivos ajenos a su
voluntad». También establecerán un mínimo vital de electricidad y gas mensuales
por hogar.
- Se estudiará la creación, por parte de cada
Comunidad Autónoma, de una empresa comercializadora de electricidad de
titularidad pública.
- Desarrollar un «Plan de Garantía de Renta» para
mejorar y coordinar las denominadas «Rentas Mínimas de Inserción» que ya
existen en muchas Comunidades, y otras medidas similares. Uno de los objetivos
será aproximar estas rentas, «de forma gradual y en virtud de las posibilidades»,
al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual.
- Desarrollar un plan gradual para la implementación
de la jornada laboral de 35 horas con el fin de repartir el empleo, comenzado
en el ámbito de la Administración Pública.
- Creación de la Oficina Pública de Protección frente
a la Discriminación, para denunciar situaciones de explotación laboral, acoso y
discriminación.
- Desarrollo de la banca pública en las Comunidades
Autónomas.
- Renegociación de la deuda pública de las Comunidades
con el Estado, a través de los tipos de interés, periodos de carencia, plazos
de vencimiento y amortización.
EDUCACIÓN, SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
- Disminución de alumnado por aula en los centros
públicos, estableciendo un máximo de 20 en Infantil, 23 en Primaria, 25 en
Secundaria, 30 en Bachillerato, 15 en Formación Profesional Básica y 25 en los
ciclos formativos de grado medio y superior.
- Reducción de las horas lectivas del profesorado
- Mecanismos de evaluación por parte de la
Administración Pública para garantizar que en los centros concertados se brinda
«una educación de calidad acorde con los principios constitucionales».
- Educación infantil universal y gratuita desde los 0
años.
- Incentivos en la contratación de padres y madres
solteros así como mayor flexibilidad horaria y permisos por cuidado de hijos
más largos que en el caso de las parejas.
- Garantizarán la cobertura de la interrupción
voluntaria del embarazo por el sistema público de salud.
- Declarar el derecho a una muerte digna.
- Impulsar la fabricación de medicamentos genéricos
que sean beneficiosos para los enfermos con tratamientos muy caros, como la
hepatitis C.
- Reducir el número de cesáreas y los partos
inducidos.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA
- Obligación de los cargos electos y de libre
designación de realizar una declaración de gastos mensuales relativos al
ejercicio de su función (gastos de representación, telefonía, etcétera).
- Ley de prohibición de las «puertas giratorias» y de
regulación de lobbies para regular las «organizaciones de intereses» en cada
Comunidad Autónoma y sus relaciones con los altos cargos. «Se hará explícita la
incompatibilidad del ejercicio de cargos públicos con determinadas actividades
privadas».
- Creación de la Oficina Virtual del Funcionariado
para que los funcionarios públicos pueda señalar «de forma anónima» los
expedientes administrativos que juzguen irregulares a las instituciones de
control y prevención, que tendrán un acceso ilimitado a ellos.
- Protección laboral a los empleados y empleadas públicos
denunciantes o testigos en procesos de corrupción.
- Evaluación de la deuda de la Administración Pública
y de las empresas con participación pública en capital, consorcios e institutos
públicos para detectar posibles responsabilidades sancionables tanto económicas
como legales de gobiernos anteriores, y abrir procesos de reestructuración de
la deuda en las instancias correspondientes y en virtud del Estado de derecho.
- Reducción drástica de los altos cargos en las
comunidades autónomas.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- «Democratización» de los consejos de radio y
televisión públicas a partir de una elección que respete las mayorías y las
minorías parlamentarias y en la que participe la sociedad civil a través de un
Consejo Ciudadano de participación
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