03/11/2015@12:27:26 GMT+1
Luis María ANSON
Si Ciudadanos, el Partido Socialista y el Partido
Popular niegan validez a la Junta de Portavoces y recurren en amparo al
Tribunal Constitucional, los magistrados que lo integran tienen potestad
jurídica para suspender el Pleno del Parlamento de Cataluña. Basta que el alto
Tribunal se acoja a un supuesto de “urgencia excepcional” para que el amparo
solicitado, conforme al artículo 56 de la ley Orgánica del TC, sea aceptado.
Los expertos en derecho constitucional consideran que
la operación jurídica es posible. Se colocaría entonces a la señora Forcadell y
a la alianza de partidos que le respalda ante el abismo de la desobediencia. Si
cayeran en él, entonces el alto Tribunal podría inhabilitar a los responsables
y aplicarles multas de elevada cuantía económica.
Al Estado de Derecho le sobran recursos para obligar a
los dirigentes del secesionismo catalán a que cumplan la ley. Nadie puede
burlar la legalidad en España sin atenerse a las consecuencias. Las espadas
están en alto. Sin necesidad de acudir a medidas de fuerza que podrían provocar
reacciones negativas, los partidos que defienden la democracia y el Gobierno de
la nación tienen despejado el camino para embridar la situación. A nadie se le
escapa la trascendencia del desafío del secesionismo timoneado por algunos
dirigentes políticos catalanes y de manera singular por Arturo Mas, que se
mueve desesperadamente para que sus nuevos cómplices no le dejen en la
estacada.
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