jueves, 30 de noviembre de 2017

La Europa "las naciones" o de "los Pueblos" para la Generalitat de Catalunya"

La Europa "las naciones" o de "los Pueblos" para la Generalitat de Catalunya"

¿Adónde vas, Catalunya?
La Vanguardia | Jaime Malet
La independencia no es posible. No hay interés de las grandes potencias, ni mecanismo internacional que invocar (como nos recordó Ban Ki Mun). La comunidad internacional no apoyará nunca una secesión en Occidente que podría consolidar una nueva tendencia amenazante para la gobernanza mundial. Tampoco interesa facilitar la ruptura al 90% de los españoles; aquel gobierno que la permitiera sería poco democrático. Y, por último, hoy sabemos que no sólo no hay mayoría abrumadora (para crear un nuevo país se necesita obviamente un gran soporte), sino que no se llega ni al 48% de los votos ni al 37% del censo. Pensar que España –un país que ha superado décadas de terrorismo atroz– va a dejar sin cobertura a más de la mitad de los catalanes no es realista. Por ello, es importante trasladarle a la población, como hizo recientemente el lehendakari Urkullu, que este es un proyecto imposible.
En cambio, de seguir así sí parece que podemos ir a otro escenario: movilizaciones ciudadanas, ruptura de lazos afectivos, soflamas continuas, afrentas, pleitos y grandes fechas históricas que se sucedan mes tras mes. Un escenario de ingobernabilidad y desobediencia de leyes en el que los políticos serán los grandes protagonistas, mientras se desgarran las familias, las escuelas y los amigos, el talento y la inversión miran hacia lugares más tranquilos, y las familias, especialmente las más débiles, se empobrecen gradualmente.
Este no es un “discurso del miedo”, es un discurso del “mucho miedo” ante un supuesto posible que cualquier persona razonable debería prever. ¿Alguien cree que se está dando una imagen de estabilidad y sentido común al mundo? ¿Conseguiríamos hoy unos Juegos Olímpicos o la sede de una editorial líder en español, por poner claros ejemplos?
Catalunya ha casi triplicado su PIB per cápita desde 1978. Su sanidad es una de las mejores del mundo pese a los recortes (como la del resto de España). Las calles están cuidadas y se puede andar por ellas con seguridad. Catalunya tiene sus cuatro capitales unidas por el AVE, un caso único. Uno de los mejores aeropuertos que puedo recordar. Dos puertos internacionales de primera clase. Educación gratuita. Y así un largo etcétera que se ha mantenido, milagrosamente más bien que mal, pese a una crisis global. Los catalanes que viajamos, si somos sinceros, debemos reconocer que para ser la cuna de un pueblo esquilmado y sometido, no hay muchos sitios (de capacidades similares) tan ordenados e impolutos como nuestro próspero territorio.
En este lugar privilegiado de la tierra por su patrimonio cultural y por su climatología, una Catalunya verdaderamente business friendly podría aspirar a ser un actor global en ciencia y en tecnología, en educación, en emprendeduría y en atracción de talento.
Mientras ganamos fama internacional gracias a grandes manifestaciones y llamadas a la insurrección, tecnologías disruptivas de todo tipo están eclosionando y van a cambiar el mundo en pocos años, con nuevos retos y grandes oportunidades. Una región con tanto potencial no debería perder enfoque en un proyecto político imposible que puede hacernos descarrilar del tren del progreso.
Por otro lado, muchos de los males seculares de España se encuentran también aquí y, por mucho que corra, dudo que Catalunya pueda escaparse de sí misma: corrupción, poca meritocracia, monitoreo asfixiante de la sociedad civil, falta de mecanismos de control político, dejación de los deberes de rigor fiscal (que consiste en gastar lo que se tiene y no lo que uno considera que debería tener) y sobre todo inexistencia de lo que llaman los anglosajones accountability, es decir, dar cuenta constantemente del dinero que se administra frente a los contribuyentes. ¿Puede alguien negar que todas esas lacras también existen, y bien asentadas, en Catalunya? ¿Quién puede pensar que desaparecerán con más y no con menos lío?
Hay mucho por mejorar, como los trenes de cercanías o el corredor mediterráneo. También es necesario mejorar el sistema de financiación y la solidaridad con otras regiones pobres. Algunos creen que hay que blindar la cultura y la enseñanza del catalán. Otros, que simplemente hay que mejorar la enseñanza (transferida hace treinta años y en el furgón de cola en Europa según el informe PISA).
Muchos pueden pensar que estas razones y un desencuentro de años con el Estado son suficientes para crear un nuevo Estado, pero dudo que alguien piense que lo son para avalar el riesgo real: el de una bronca monumental durante años. Y otras cosas todavía más importantes, como el desempleo, la desigualdad o la merma de las pensiones no parecen que se vayan a arreglar, sino más bien a empeorar, en una Catalunya no independiente (que no será), sino ingobernable y perdida en su laberinto.
En definitiva, en este ambiente tan exaltado, los catalanes podemos perder lo ganado durante treinta años en democracia. La historia enseña que la prosperidad y la concordia de los pueblos no es inmutable. Por ello, debemos reivindicar pragmatismo a nuestros gobernantes y obligarles a que lleguen a soluciones pactadas sin necesidad de incendiar calles y estadios.
Que se expliquen riesgos y límites a la población. Que se dialogue hasta la extenuación. Que se deje de mirar lo que pasó hace 300 años, para pensar sólo en la gente de hoy, en las familias y en su bienestar, en crear puestos de trabajo y ayudar a los más humildes. En atraer empresas, talento y riqueza.
Catalunya tiene 47 votos en el Congreso, la segunda comunidad con mayor representación parlamentaria. ¿Podemos pedir que se utilicen esos votos tras el 20-D para mejorar lo que sea posible? ¿Estamos todavía a tiempo de reclamar el espíritu de convivencia, sensatez y pacto que nos ha caracterizado tantas veces en el pasado?

Artículo 155: Instrucciones de empleo

Artículo 155: Instrucciones de empleo
Hay que aplicar medidas contundentes para frenar la “hoja de ruta” independentista, pero no se puede castigar a una comunidad autónoma por las actitudes sediciosas de sus gobernantes
JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ 5 NOV 2015 - 00:00 CET
La provocadora resolución que los independentistas pretenden aprobar en el Parlamento catalán lleva a una dinámica en la que, además del obligado recurso al Tribunal Constitucional, quizá habrá que adoptar medidas más contundentes para parar la “hoja de ruta” que en dieciocho meses llevaría a la independencia. En ese caso, es inevitable pensar en el artículo 155 de la Constitución. Aunque alguna prensa (como El País) ha contribuido a aclarar algunas de las cuestiones más controvertidas acerca de la aplicación del precepto constitucional, éste todavía se percibe como un arcano, percepción que se complica con las diversas insinuaciones del Gobierno que, en cierto modo, ha tendido a identificar la aplicación del 155 con la suspensión del régimen autonómico en Cataluña. Es una visión desproporcionada, acorde con la escasa finura con que se tratan los temas constitucionales en Moncloa. Por ello, ante la eventualidad de que el Gobierno tenga que acudir al Senado para obtener la aprobación de medidas destinadas a parar el proceso a la independencia, conviene examinar las cuestiones más relevantes sobre la aplicación de este instrumento constitucional.

I) ¿Una declaración de independencia justifica aplicar el 155? La sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de marzo de 2014 que enjuició la Declaración de soberanía del Parlamento catalán de 23 de enero de 2013 era, a mi juicio, excesivamente comprensiva con el discurso independentista, pero al menos dejaba claro que una declaración como aquella tenía efectos jurídicos y no sólo políticos. Otra declaración más rotunda, como la que se pretende aprobar ahora, no sólo tendría el valor jurídico que señaló el Tribunal Constitucional en 2014 sino que, además, se situaría en una secuencia que comprendería otros actos jurídicos. En ese caso, ante el siguiente acto jurídico a la nueva declaración independentista, la aplicación del artículo 155 sería necesaria. ¿Por qué? Porque la Comunidad Autónoma catalana, representada por su Parlamento, se habría introducido de manera indubitada en una vía que atentaría gravemente al interés general de España al quebrar su indisoluble unidad (artículo 2º de la Constitución).

II) ¿Quiénes tienen que adoptar las medidas? La Constitución prevé que el Gobierno, previo requerimiento al Presidente autonómico, y con la aprobación del Senado por mayoría absoluta, adoptará las medidas necesarias. Tanto el requerimiento como la petición al Senado y la adopción específica de medidas deben corresponder al Consejo de Ministros pues la mediad afectaría a varios Ministerios.

¿Y si hubiera que actuar después de las elecciones, con un Gobierno en funciones? Como la Constitución y la Ley del Gobierno de 1997 no prohíben al Gobierno cesante aplicar las previsiones del artículo 155, no habría ningún obstáculo a aplicar ese precepto. ¿A quién habría que enviar el requerimiento? Aunque sea un acto parlamentario, al Presidente de la Comunidad que es el más alto representante de la Comunidad Autónoma, lo que permitiría desposeerle, si fuera necesario, de su potestad de promulgar leyes, expedir decretos y ordenar su publicación.

Una comunidad no puede atentar contra el interés general de España
¿La Diputación Permanente del Senado disuelto puede autorizar las medidas que proponga el Gobierno? Aunque la Constitución no atribuye expresamente esta función a la Diputación Permanente cabe entender que podría adoptarla pues lo contrario conduciría a dejar en suspenso el artículo 155 de la Constitución en el período que media entre la disolución del Senado y la constitución del siguiente, lo que no parece que sea voluntad del texto constitucional.

III) ¿Qué medidas se pueden adoptar? La Constitución no especifica cuáles son esas medidas como tampoco lo hace el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn en el que se inspira el precepto español. Con ligereza, algunos representantes del Gobierno han insinuado la posibilidad de suspender el régimen autonómico en Cataluña. Pero no se puede castigar a una Comunidad Autónoma por las actitudes sediciosas de sus gobernantes.
Hay que tener en cuenta la dimensión teleológica de las medidas que prevé la Constitución: se trata de obtener el cumplimiento forzoso de las obligaciones constitucionales o de proteger el interés general teniendo las medidas un carácter cautelar, provisional, hasta que se cumpla lo previsto en la Constitución. Ello no se consigue con la suspensión de todo el régimen autonómico, lo que, por otra parte, no contempla la Constitución. Y no es posible la suspensión porque ésta sólo debería adoptarse si lo previera (que no lo prevé) el propio Estatuto. No estamos en 1934.

La Policía autonómica tendría que ponerse a las órdenes del delegado del Gobierno
Ante la aplicación de la “hoja de ruta” independentista sería necesario (además de retirar al Presidente la potestad de promulgar y ordenar publicar leyes) suspender las competencias estatutarias que faciliten la aplicación de esa hoja de ruta. Habría que dejar en suspenso las competencias sobre organización de la Administración autonómica, régimen local, publicación de normas, seguridad pública, Seguridad Social, sistema penitenciario, transportes, función pública, infraestructuras de transporte y comunicaciones y servicio público de comunicación audiovisual. También habría que suspender los preceptos estatutarios sobre participación de Cataluña en los asuntos relacionados con la Unión Europea, acceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, acciones con proyección exterior y oficinas en el exterior. Finalmente, habrá que dejar en suspenso todo lo que se refiere a la Hacienda autonómica. Lo más importante, con todo, es suspender las competencias sobre seguridad pública para que la Policía autonómica se ponga a las órdenes del Delegado del Gobierno en concurrencia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

¿Sería necesario suspender al Presidente o a otros cargos políticos, antes incluso de que se hayan negado a obedecer las sentencias del Tribunal Constitucional (como ocurre en Italia donde el Consejo Regional puede ser disuelto)? Supuesto el carácter cautelar de esa suspensión, el artículo 155 muestra una vocación teleológica: se trata de obtener un resultado que consiste en que una Comunidad Autónoma deje de atentar gravemente contra el interés general de España o de incumplir sus obligaciones constitucionales o legales. Si el Presidente o todo el Gobierno colaboran en ese comportamiento inconstitucional, será necesario suspenderles mientras persista la situación de rebeldía. Y así debe autorizarse por el Senado.
Como el artículo 155 sigue siendo un misterio, quizá haya que pensar en otras medidas pero en todo caso hay que pensar en su finalidad: cortar la rebeldía autonómica, antes que suspender la autonomía.
Javier García Fernández es catedrático de Derecho Constitucional Universidad Complutense de Madrid

ENCARCELADOS POR INTENTAR PRESUNTAMENTE UN GOLPE DE ESTADO

ENCARCELADOS POR INTENTAR PRESUNTAMENTE UN GOLPE DE ESTADO

A Oriol Junqueras y sus cómplices les encarceló la juez Lamela no solo por violar la ley sino por los serios indicios de que habían cometido el gravísimo delito de intentar un golpe de Estado. Para perpetrarlo tuvieron que saltarse la Constitución y bien está que ahora retrocedan, rectifiquen y aseguren, aunque sea con la boca chica, que acatan lo dispuesto en el artículo 155 constitucional.
La jueza Carmen Lamela ha explicado con extraordinaria claridad cómo los investigados organizaron una compleja trama para conseguir sus propósitos secesionistas, lo que significaba un golpe de Estado, con una estrategia que agrupaba en funciones diversas a civiles como los Jordis, políticos como los dirigentes del Ejecutivo y del Parlamento y responsables de las fuerzas de seguridad como algunos mandos de los Mossos d’Esquadra.
Para semejante propósito se gastaron, a cargo del dinero público, cantidades ingentes y se establecieron, por añadidura, relaciones con diversas instancias de países extranjeros. Los Mossos d’Esquadra no solo no obedecieron las instrucciones del Ministerio del Interior sino que le tomaron la cabellera al ministro Zoido asegurándole que iban a obedecer, con el fin de que el engaño impidiera a la Guardia Civil y a la Policía Nacional actuar a tiempo, lo que significaba la imposibilidad de yugular el referéndum ilegal.
El acatamiento del artículo 155 no exime ni a Oriol Junqueras ni a la taimada Forcadell ni, en su día, aun suponiendo que rectifique, al expresidente felón, el prófugo Carlos Puigdemont, del delito presuntamente cometido y del que tienen todos ellos que rendir cuentas ante la Justicia.

La Europa "las naciones" o de "los Pueblos" para la Generalitat de Catalunya"

La Europa "las naciones" o de "los Pueblos" para la Generalitat de Catalunya"
¿Adónde vas, Catalunya?
La Vanguardia | Jaime Malet
La independencia no es posible. No hay interés de las grandes potencias, ni mecanismo internacional que invocar (como nos recordó Ban Ki Mun). La comunidad internacional no apoyará nunca una secesión en Occidente que podría consolidar una nueva tendencia amenazante para la gobernanza mundial. Tampoco interesa facilitar la ruptura al 90% de los españoles; aquel gobierno que la permitiera sería poco democrático. Y, por último, hoy sabemos que no sólo no hay mayoría abrumadora (para crear un nuevo país se necesita obviamente un gran soporte), sino que no se llega ni al 48% de los votos ni al 37% del censo. Pensar que España –un país que ha superado décadas de terrorismo atroz– va a dejar sin cobertura a más de la mitad de los catalanes no es realista. Por ello, es importante trasladarle a la población, como hizo recientemente el lehendakari Urkullu, que este es un proyecto imposible.
En cambio, de seguir así sí parece que podemos ir a otro escenario: movilizaciones ciudadanas, ruptura de lazos afectivos, soflamas continuas, afrentas, pleitos y grandes fechas históricas que se sucedan mes tras mes. Un escenario de ingobernabilidad y desobediencia de leyes en el que los políticos serán los grandes protagonistas, mientras se desgarran las familias, las escuelas y los amigos, el talento y la inversión miran hacia lugares más tranquilos, y las familias, especialmente las más débiles, se empobrecen gradualmente.
Este no es un “discurso del miedo”, es un discurso del “mucho miedo” ante un supuesto posible que cualquier persona razonable debería prever. ¿Alguien cree que se está dando una imagen de estabilidad y sentido común al mundo? ¿Conseguiríamos hoy unos Juegos Olímpicos o la sede de una editorial líder en español, por poner claros ejemplos?
Catalunya ha casi triplicado su PIB per cápita desde 1978. Su sanidad es una de las mejores del mundo pese a los recortes (como la del resto de España). Las calles están cuidadas y se puede andar por ellas con seguridad. Catalunya tiene sus cuatro capitales unidas por el AVE, un caso único. Uno de los mejores aeropuertos que puedo recordar. Dos puertos internacionales de primera clase. Educación gratuita. Y así un largo etcétera que se ha mantenido, milagrosamente más bien que mal, pese a una crisis global. Los catalanes que viajamos, si somos sinceros, debemos reconocer que para ser la cuna de un pueblo esquilmado y sometido, no hay muchos sitios (de capacidades similares) tan ordenados e impolutos como nuestro próspero territorio.
En este lugar privilegiado de la tierra por su patrimonio cultural y por su climatología, una Catalunya verdaderamente business friendly podría aspirar a ser un actor global en ciencia y en tecnología, en educación, en emprendeduría y en atracción de talento.
Mientras ganamos fama internacional gracias a grandes manifestaciones y llamadas a la insurrección, tecnologías disruptivas de todo tipo están eclosionando y van a cambiar el mundo en pocos años, con nuevos retos y grandes oportunidades. Una región con tanto potencial no debería perder enfoque en un proyecto político imposible que puede hacernos descarrilar del tren del progreso.
Por otro lado, muchos de los males seculares de España se encuentran también aquí y, por mucho que corra, dudo que Catalunya pueda escaparse de sí misma: corrupción, poca meritocracia, monitoreo asfixiante de la sociedad civil, falta de mecanismos de control político, dejación de los deberes de rigor fiscal (que consiste en gastar lo que se tiene y no lo que uno considera que debería tener) y sobre todo inexistencia de lo que llaman los anglosajones accountability, es decir, dar cuenta constantemente del dinero que se administra frente a los contribuyentes. ¿Puede alguien negar que todas esas lacras también existen, y bien asentadas, en Catalunya? ¿Quién puede pensar que desaparecerán con más y no con menos lío?
Hay mucho por mejorar, como los trenes de cercanías o el corredor mediterráneo. También es necesario mejorar el sistema de financiación y la solidaridad con otras regiones pobres. Algunos creen que hay que blindar la cultura y la enseñanza del catalán. Otros, que simplemente hay que mejorar la enseñanza (transferida hace treinta años y en el furgón de cola en Europa según el informe PISA).
Muchos pueden pensar que estas razones y un desencuentro de años con el Estado son suficientes para crear un nuevo Estado, pero dudo que alguien piense que lo son para avalar el riesgo real: el de una bronca monumental durante años. Y otras cosas todavía más importantes, como el desempleo, la desigualdad o la merma de las pensiones no parecen que se vayan a arreglar, sino más bien a empeorar, en una Catalunya no independiente (que no será), sino ingobernable y perdida en su laberinto.
En definitiva, en este ambiente tan exaltado, los catalanes podemos perder lo ganado durante treinta años en democracia. La historia enseña que la prosperidad y la concordia de los pueblos no es inmutable. Por ello, debemos reivindicar pragmatismo a nuestros gobernantes y obligarles a que lleguen a soluciones pactadas sin necesidad de incendiar calles y estadios.
Que se expliquen riesgos y límites a la población. Que se dialogue hasta la extenuación. Que se deje de mirar lo que pasó hace 300 años, para pensar sólo en la gente de hoy, en las familias y en su bienestar, en crear puestos de trabajo y ayudar a los más humildes. En atraer empresas, talento y riqueza.
Catalunya tiene 47 votos en el Congreso, la segunda comunidad con mayor representación parlamentaria. ¿Podemos pedir que se utilicen esos votos tras el 20-D para mejorar lo que sea posible? ¿Estamos todavía a tiempo de reclamar el espíritu de convivencia, sensatez y pacto que nos ha caracterizado tantas veces en el pasado?
Jaime Malet, presidente de AmChamSpain

Sonvra

Espías, clásicos y ‘thrillers’: 11 novelas negras para el frío y el puente

SIN PAÑOS CALIENTE

SIN PAÑOS CALIENTES
21/11/2015@18:00:44 GMT+1

Luis María ANSON
El pasado día 10 de noviembre Luis María Anson publicó en el diario El Mundo el artículo que por su repercusión en las redes sociales reproducimos a continuación.

“Los españoles zumbones se cachondearon del presidente del Gobierno llamándole Rosita la Pastelera. La pasividad abúlica, la desganada displicencia, el desdén por el desdén, la excesiva moderación, la inquietante pachorra, la tendencia ineluctable a no hacer nada, la incapacidad, en fin, para tomar decisiones caracterizaron a Francisco Martínez de la Rosa. Ninguna desgracia mayor para una nación que un Gobierno débil. El poder ejecutivo exige hombres dispuestos a asumir riesgos como Winston Churchill o mujeres capaces de enfrentarse a las coacciones políticas o sociales como Margaret Thatcher.

El desafío de un sector de la clase política catalana, consumado ayer en el Parlamento autonómico, precisa de una respuesta firme y fulminante. Se terminaron las medias tintas. Se acabaron los paños calientes. Estamos en el mediodía del órdago secesionista, las doce en punto de una alarmante catástrofe histórica. Hora es de mostrar en todo su esplendor la fortaleza del Estado de Derecho, frente al golpismo civil. Está claro que no se debe perder ni la debida prudencia ni la equilibrada moderación. Tampoco la proporcionalidad en la respuesta. Pero el órdago secesionista significa, en sí mismo, un desafío desproporcionado e histórico. Desde 1640, el ser de España no se había sentido tan zarandeado en la península como en esta legislatura con mayoría absoluta de Mariano Rajoy. ¿Adónde, adónde hemos llegado? ¿Qué más tiene que suceder para que el Gobierno abandone la altivez, la desdeñosa soberbia, la prepotencia estéril y tome sin más demoras ni más pasteleos las medidas que la situación demanda a gritos, con menos declaraciones y aspavientos, sustituyendo la verborrea por acciones concretas?

La gran política consiste en prevenir, no en curar. A Mariano Rajoy se le ha venido encima una crisis que se pudo atajar, al menos en gran parte, si en el año 2012 el Gobierno hubiera actuado con firmeza desde la fortaleza de la que disfrutaba en el Parlamento. Pero se impuso la memez arriólica de “no hay que hacer nada porque el tiempo lo arregla todo y lo mejor es tener cerrado el pico”. “La situación -ha escrito Jorge de Esteban- se podría haber evitado si desde Madrid se hubiesen tomado las medidas oportunas, no necesariamente represivas”. En el mismo sentido se expresó el domingo en este periódico Félix de Azúa.

Y ahí están las consecuencias de tanta torpeza. Reconociendo que a Mariano Rajoy hay que ponerle un diez por la sagacidad y eficacia con que abordó la crisis económica, también se merece un suspenso sin paliativos por no haber sabido enfrentarse a tiempo con una situación política como la de Cataluña cuyo desarrollo era bastante fácil de prever. Parece necesario tener en cuenta la reacción a cualquier decisión que se tome ahora porque en la región catalana existe ya un millón de personas dispuestas a la manifestación pública, con riesgo de violencia, destrozo del mobiliario urbano y posibilidad de heridos o muertos. Por eso hay que actuar con celeridad y prudencia, conforme a lo que exige la opinión pública, atónita ante el espectáculo deleznable que ha producido la debilidad política. Si hoy se levantara la piel del español medio, encontraríamos grabada en la carne viva está palabra dedicada al Gobierno de la nación: autoridad, autoridad, autoridad”.



¿Quién pronunió la frase que resumió la Transición?
Rodolfo Matín Villa revela el momento en el que se calificó el cambio de régimen como «una obra de teatro en la que el empresario era el Rey, el actor Adolfo Suárez y el autor Torcuato Fernández-Miranda»

La Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas homenajea a Torcuato Fernandez-Miranda, el presidente de las Cortes de la Transición, en el centenario de su nacimiento

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Ramón Tamames, Fernando Suárez, Juan Velarde (presidente) y Rodolfo Martín Villa, todos ellos miembros de la Real Acamedia de Ciencias Morales y Políticas
Ramón Tamames, Fernando Suárez, Juan Velarde (presidente) y Rodolfo Martín Villa, todos ellos miembros de la Real Acamedia de Ciencias Morales y Políticas - ABC
S.E. Madrid - 22/11/2015 a las 02:58:02h. - Act. a las 02:58:11h.
Guardado en: España
«La Transición fue como una obra de teatro con un empresario, el Rey; un actor, Adolfo Suárez, y un autor, Torcuato Fernández-Miranda». La frase que se ha convertido en la más popular sobre la distribución de las responsabilidades en el cambio de régimen político fue popularizada por Rodolfo Martín Villa, pero no fue él quien la pronunció: «Es una frase que yo he oído, no pertenece a la leyenda», aseguró Martín Villa el pasado miércoles antes de identificar al autor.

La revelación del que Martín Villa se produjo en un solemne acto celebrado el pasado miércoles en la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas con motivo del centenario del nacimiento de Torcuato Fernández-Miranda, el que fuera presidente de las Cortes de la Transición. En su discurso, Martín Villa recordó cinco encuentros que mantuvo personalmente con él entre 1951 y 1980. El último de ellos se produjo cuando Fernández-Miranda ha cesado como presidente de las Cortes y es senador de designación real. «En esa época estamos en plena discusión en el proceso constituyente y Juan Rosón, Jesús Sánchez Rof, Mariano Nicolás y Grabriel Cisneros tenemos una cena con Torcuato. Es en esa cena donde surge la célebre frase», que fue pronunciada por Fernández-Miranda.

«La reforma tuvo empresario, actor y autor, los tres cada uno en su sitio absolutamente ejemplar, absolutamente excepcional, en una situación como aquella. Torcuato, por supuesto, es claramente el autor de la hoja de ruta de la Transición», añadió Martín Villa.

«Miembro de esta docta casa»
El acto de homenaje fue presidido por el presidente de la Real Academia, Juan Velarde, quien aseguró que «conmemorar el centenario de Fernández-Miranda es una gran satisfacción: fue un destacado universitario, muy brillante (...). Es un honor y una justa aportación el que resplandezca su imagen, porque en esos momentos también conviene recoger su talante optimista».

También tomó la palabra el académico Ramón Tamames, quien aseguró que no conoció personalmente al homenajeado, pero reveló que sí coincidieron en algún momento histórico, como la solemne inauguración en el Congreso de la legislatura constituyente, en junio de 1977. «La sesión de hoy tiene profundo sentido de verdadera memoria histórica. La figura de Torcuato Fernández-Miranda se sitúa en un alto nivel en la Historia reciente de España», aseguró antes de afirmar que «debía haber sido miembro de esta docta casa».

«Termino hoy con estas palabras: a los 35 años de que muriera en la Ciudad de Londres que tanto admiraba podemos recordarle como una de las personas que más contribuyeron a que la democracia retornará a España. Ojalá hubiera sido posible algo parecido en 1936 y, pensando en el futuro, esta sesión debe considerarse como una reflexión pertinente: los problemas hay que discutirlos desde la concordia, la razón y la ley».

«Un grande de España»
El momento más emocionante de la sesión de homenaje -a la que asistió la duquesa viuda de Fernández-Miranda, Carmen Lozana, y varios de sus hijos y nietos- fue cuando tomó la palabra Fernando Suárez, quizás la persona que más ha investigado la obra académica y universitaria de Fernández-Miranda, uno de sus discípulos en el ámbito universitario y uno de sus colaboradores de máxima confianza en distintas etapas de su vida política. La más destacada, cuando como presidente de las Cortes Fernández-Miranda le encargó defender la ponencia de la Ley de la Reforma Política, la llave que propició el paso del franquismo a la democracia «de la ley a la ley a través de la ley».


Antes de repasar con detalle la trayectoria universitaria, intelectual y política de Fernández-Miranda, Suárez explicó que «la razón última que termina mi intervención en este acto es sin duda su medular condición de profesor universitario». «Cuando murió en 1980 no había cumplido 65 años y en todas sus dedicaciones puso de manifiesto su perfil de profesor», resaltó Suárez, quien a su vez incidió detalladamente en su «autoridad intelectual» y en su «categoría de maestro». En este contexto, juzgó «sobresalientes» tres de sus libros: «El Problema político de nuestro tiempo, de 1950; El problema de lo social y otros ensayos, de 1951; y Estado y Constitución, una obra maestra de 1975».

Finalmente, Suárez se refirió algunos de los aspectos más relevantes del homenajeado: «A su confesada condición de cristiano y a su aversión a que el Cristianismo se convirtiera en ingrediente de la política partidista, a su permanente y exquisita distinción entre su vida pública y su esfera privada hasta llegar a blasonar que su casa era su castillo; a la muy interesante distinción entre el personaje -que a muchos parecía altivo, distante y hasta poco simpático-, y la persona, que era jovial, irónica, cercana y entrañable; a su austeridad y su respeto por los caudales públicos, que manejó con una honestidad que en ocasiones parece pasada de moda; o a su ejemplaridad de cabeza de familia, en la que estuvo siempre asistido por la admirable duquesa viuda de Fernández-Miranda. El fallecido duque fue, en todos los sentidos, un verdadero grande de España».

Concluidos los discursos de los académicos, el presidente Velarde aseguró que «después de estas tres intervenciones, realmente creo que esta Real Academia puede enorgullecerse de que el acto conmeorativo del centenario del nacimiento del excelentísimo señor Don Torcuato Fernández-Miranda y Hevia aquí ha tenido un respaldo que yo calificaría de excelente»


Felipe González casi suspendió la autonomía de Canarias solo por una desobediencia fiscal
En 1989 el Gobierno socialista advirtió formalmente a las Islas de la aplicación del artículo 155. Al final no fue necesario

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ANA I. SÁNCHEZ Madrid - 22/11/2015 a las 02:56:57h. - Act. a las 02:57:24h.
Guardado en: España
Nunca antes ninguna comunidad autónoma ha llegado tan lejos como Cataluña en su desobediencia de las leyes del Estado, desde que existe la democracia en España. Hay que remontarse al año 1934, con la Segunda República, para encontrar un precedente similar: la sublevación del entonces presidente de la Generalitat, Lluis Companys, al proclamar el estado catalán y la ruptura con el resto de España. Eran otros tiempos y aquel levantamiento, que apenas duró diez horas, fue sofocado militarmente por el general Domingo Batet, por orden del presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux.

Sin diálogo previo
Pero la Constitución española dotó de herramientas políticas al Gobierno Central para no tener que recurrir a las armas en caso de alzamiento de un territorio. Y el hoy famoso artículo 155 concede a La Moncloa la potestad de «adoptar las medidas necesarias para obligar» a una comunidad autónoma al «cumplimiento forzoso» de sus obligaciones o para la «protección del interés general». Un enunciado que el expresidente del Gobierno, Felipe González, estuvo a punto de usar en 1989 por una rebeldía mucho menor que la perpetrada ahora por el Parlamento catalán y el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas.

La desobediencia al Estado vino del entonces presidente del Gobierno canario, Lorenzo Olarte, por una cuestión tan simple como una desavenencia fiscal. Era el 27 de diciembre de 1988 , y el político regional adelantaba en su discurso de investidura su negativa rotunda a aplicar en Canarias el desarme arancelario -impuestos reducidos a los productos comunitarios- previsto en el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea. Tan sólo un día después de acceder al cargo, telefoneaba al responsable de Economía, Carlos Solchaga, para comunicarle su desobediencia en primera persona. Sin embargo, aunque ahora el PSOE acusa al Gobierno de falta de diálogo con Artur Mas, en aquel momento el ministro socialista ni siquiera atendió a la llamada de Olarte.

Todo a punto
Cuando el 1 de enero de 1989 debía hacerse efectiva la reducción de los aranceles y el presidente de Canarias no la aplicó, el secretario de Hacienda, Josep Borrell, no dudó en amenazar públicamente con aplicar el artículo 155 si la rebeldía fiscal de las Islas continuaba. Como así fue, Felipe González convocó un Consejo de Ministros en el que se acordó el uso de esta disposición y la retirada de las competencias fiscales a Canarias si no ponía en marcha el desarme arancelario. Y encargó al secretario de este órgano, Virgilio Zapatero, que enviara una comunicación a Olarte advirtiéndole oficialmente del acuerdo alcanzado por el cónclave ministerial.

Es la primera y única advertencia oficial que el Gobierno Central ha realizado a una comunidad autónoma sobre el uso del artículo 155 desde que se instauró la democracia en España. La amenaza, sin embargo, no trascendió a la opinión pública en aquel momento. Ni el Ejecutivo la hizo pública ni tampoco Olarte, según ha confesado él mismo después, por miedo a que su equipo decidiera dar marcha atrás. El primer paso del Gobierno socialista era, en todo caso, acudir al Tribunal Constitucional para obtener el más alto aval jurídico a su tesis, y este paso concedía al presidente canario algo de tiempo.

Pero, al final, la advertencia sobre la aplicación del artículo 155 caló en Olarte de manera que se sentó a negociar junto a su consejero de Hacienda, José Miguel González, con Solchaga y Borrell. De aquella reunión salió el esbozo de un acuerdo que entró en vigor en abril y permitió al Ejecutivo socialista no ejecutar el artículo 155. Apunto estuvo.


"SI NO TRIUNFAMOS EN LAS URNAS, NOS ECHAREMOS A LA CALLE"
20/11/2015@11:55:58 GMT+1

Luis María ANSON
El sucesor de Chávez, caudillo bufón de Venezuela, ha afirmado dirigiéndose a la oposición: “Pónganse a rezar para que nuestra revolución triunfe en las urnas, porque si no, nos echaremos a la calle”. “Yo estoy -ha asegurado Nicolás Maduro- cerebralmente, espiritualmente, políticamente, militarmente preparado para asumir una derrota, lanzando a mis gentes a las calles”.

Esa es la posición tradicional de la extrema izquierda comunista, la que defienden, por ejemplo, el dictador de Corea del Norte o de Cuba. El dictador Maduro ha alertado ya al Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas venezolanas ante las próximas elecciones del 6 de diciembre.

A pesar de la razonada denuncia que Mario Vargas Llosa, el escritor en español más influyente del mundo, hizo del sistema venezolano, todavía hay en España políticos que, autocalificándose de demócratas, defienden a Nicolás Maduro. Tanto el actual dictador como el anterior, Hugo Chávez, aceptaron, si bien manipulándolas, las elecciones porque el maquillaje que supone un proceso electoral en el mundo internacional forma parte de la estrategia de los nuevos comunistas. Eso sí, si la manipulación fallara, la respuesta es tomar las calles, movilizar al Ejército y permanecer en el poder. Es eso lo que ha dicho a las claras, sin tapujos ni veladuras, Nicolás Maduro. ¿Es eso lo que piensan aquellos que en España, tras recibir suculentas cantidades de dinero, defienden al dictador venezolano? Si no ganan en las urnas, a pesar de la manipulación, Maduro y sus cómplices se lanzarán a la calle, “y en la calle -ha afirmado el dictador- somos candela con burundanga. Así que mejor para todos que sigamos aquí gobernando”.

Luis María ANSON
de la Real Academia Española

DEL FRANQUISMO A LA DEMOCRACIA (1)
Las dos muertes de Francisco Franco
El fallecimiento del dictador abrió paso a la democracia en España, que ahora cumple cuatro décadas
La sepultura de Franco, al pie del altar mayor del Valle de los Caídos (Philippe Desmazes - AFP)
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FERNANDO ÓNEGA, Madrid 20/11/2015 00:51 | Actualizado a 20/11/2015 09:38 Lea la versión en catalán
Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España por la Gracia de Dios, según decían las monedas, Generalísimo de los Ejércitos, jefe del Estado español durante cuarenta años, tuvo su primera muerte, la política, el 27 de septiembre de 1975. Ese día, al alba, como cantó Luis Eduardo Aute, fueron fusilados los luchadores antifranquistas José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui. Los tres primeros, militantes del FRAP. Los dos segundos, de ETA político-militar. A otros seis condenados a morir por tribunales militares constituidos en consejos de guerra se les conmutó la pena capital.
Cuarenta años después, el periodista Carlos Fonseca logró recuperar las cartas de los ajusticiados a sus familias. Una de ellas comenzaba así: “Papá, mamá: me ejecutarán mañana de mañana. Quiero daros ánimos. Pensad que yo muero, pero la vida sigue…” Aquel amanecer, algunos periodistas, entre ellos Miguel Ángel Aguilar, intentaron acercarse a uno de los escenarios de las ejecuciones, Hoyo de Manzanares, provincia de Madrid, pero sólo pudieron oír las descargas. El cura de Hoyo contaría después que los piquetes estaban formados por policías y guardias civiles. Otros guardias, bastantes borrachos, llegaron en autobuses para jalear las ejecuciones. Como uno de los fusilados todavía respiraba al darle la extremaunción, un teniente lo remató con un tiro de gracia.
Aquel día de la ignominia Francisco Franco Bahamonde murió por primera vez a los ojos y a los sentimientos del mundo, sin escuchar las peticiones de clemencia del papa Pablo VI, las protestas de los colegios de abogados, la huelga general del País Vasco y los paros en el resto de la nación. Si Franco había sido un dictador, ahora era un dictador cruel que, además, no escuchó las peticiones de clemencia. Era el último capítulo del “César visionario” que Francisco Umbral había descrito así: “En un Burgos salmantino de tedio y plateresco, en una Salamanca burgalesa de plata fría, Francisco Franco Bahamonde, dictador de mesa camilla, merienda chocolate y firma sentencias de muerte”.
Después, el primer ministro sueco Olof Palme salió a las calles a pedir con una hucha ayuda económica para las familias de las víctimas, imagen que fue ridiculizada por la prensa español de la época. El presidente mexicano Echeverría pidió la expulsión de España de las Naciones Unidas. Hay una iniciativa de la OTAN que invita a sus miembros a rechazar cualquier aproximación a España. Varios países occidentales retiraron o llamaron a sus embajadores. La Comunidad Económica Europea suspendió sus negociaciones con España. La Confederación Europea de Sindicatos Libres convocó manifestaciones. La embajada de España en Lisboa fue incendiada y muchas otras fueron atacadas por manifestantes.
Sólo Estados Unidos acudió a su vieja fórmula diplomática del “asunto interno español”. Salvo esa tibia excepción, el franquismo se enfrentaba otra vez a la soledad internacional.
Franco y sus equipos percibieron esa muerte política. Según el historiador Pau Casanellas, “la dictadura, lejos de liberalizarse, se cerró en sus últimos compases sobre sí misma”. Por eso intentó una resurrección provisional convocando a los fieles a la plaza de Oriente, escenario de viejas aclamaciones. Hubo mucha gente, según la versión del diario ABC del 2 de octubre de 1975: “Masiva adhesión a Franco. Los manifestantes repudiaron el terrorismo y la campaña antiespañola”. Pero fue una resurrección efímera. El estado de salud del Caudillo ya había lanzado sus primeros avisos de merodeo de la Parca. La foto del viejo Franco en el balcón del palacio de Oriente saludando con las manos entrelazadas al gentío que le aclamaba fue reproducida posteriormente con un sentimental “Adiós, España”.
(La crónica abre aquí un paréntesis para dejar constancia de que posiblemente fue en esas fechas cuando Juan Carlos de Borbón y Borbón, todavía Príncipe de España, empezó a despertase sobresaltado por las noches. Le asaltaba una pesadilla que, según confesó años después a este cronista, le quitaba el sueño. Esa pesadilla era que, como iba a tener los mismos poderes que Franco, un día le pasaban a la firma una sentencia de pena de muerte. “No la hubiera firmado nunca, pero la simple posibilidad era terrorífica”. Sufrió esa pesadilla hasta el mismo día en que los redactores de la Constitución abolieron la pena capital).
El “adiós, España” se venía redactando desde hacía varios años. Sobre todo desde el comienzo de la década de los setenta, en que Franco empezó a mostrar signos evidentes de decadencia y debilidad física. Lo que ocurres es que quienes le veían eran sus fieles y consideraban una herejía contarlo. Tuvo que venir en el año 1971 el general americano Vernon A. Walters, alto mando de la CIA y, después de entrevistarse con él, confesó que había encontrado al jefe del Estado español “viejo y débil” y con grandes temblores en su mano izquierda. La oposición política española, que se trataba de organizar para el futuro, no tenía conciencia de ese deterioro. La empezó a tener a partir del episodio de la tromboflebitis de 1974, según se desprende del testimonio del socialista José Federico de Carvajal: “A finales de aquel año estábamos plenamente convencidos de que el régimen instaurado por las armas en 1939 estaba llegando a su fin”.
Esa intuición de un final próximo del régimen y de su titular activó los movimientos de la llamada “oposición democrática”. Nadie en sus cabales pensaba en derrocarlo, pero todo el mundo empezó a tomar posiciones. Se movió la Iglesia, y muchos templos comenzaron a ser lugares de cobijo y reunión de los demócratas. Políticos de los primeros gobiernos de la democracia, como Narcís Serra, salieron de esos colectivos de cristianos de base o cristianos por el socialismo. Se movió la universidad, agitada desde la década a los sesenta. Se movió el mundo laboral con el florecimiento singular de las Comisiones Obreras, que se tuvo que enfrentar a juicios como el “Proceso 1001”. Se movieron las organizaciones todavía clandestinas, como la Junta Democrática, la Plataforma de Convergencia Democrática, la “Platajunta”, la Asamblea de Catalunya o el Reagrupament Sicialista i Democratic de Catalunya. Se movieron los partidos de nombres tradicionales, con especial vitalidad de los demócratas cristianos. Apareció en escena Felipe González y su refundación del PSOE. Inició sus actividades la UMD (Unión Militar democrática, cuyos miembros estaban en la cárcel cuando Franco muere. Hubo una auténtica floración de siglas de izquierda radical, dividida entre maoístas prochinos, comunistas, eurocomunistas y un sinfín de subdivisiones. Aparecieron organizaciones como la ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores) o el MCE (Movimiento Comunista de España). En la obra de Fernando Jáuregui y Pedro Vega “Crónica del antifranquismo” aparecen un total de 104 siglas. La mayoría de ellas no sólo no pasaron nunca por el Registro de Asociaciones Políticas. Sus promotores y activistas pasaron, en cambio, por el Tribunal de Orden Público y por los calabozos de la dirección general de Seguridad.
Las estructuras del régimen también trataron de acomodarse al futuro que abriría tarde o temprano la desaparición de su fundador. La revista SP había lanzado la arriesgada pregunta, descarada por la época “Después de Franco, “que?” y se respondió con generalidades como “Después de Franco, las instituciones”. Se trató de crear un mecanismo institucional llamado “asociaciones políticas” que nunca llegaron a funcionar porque las adictas al sistema no tenían credibilidad y las no adictas no tenían el menor interés en ser incluidas en el mecano del franquismo. Fenecieron antes de nacer.
“Españoles, Franco ha muerto”. El entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, compungido, compareció en televisión el 20 de noviembre de 1975 para comunicar la muerte del dictador y leer su testamento político antes de proferir con voz quebrada un ¡Viva España!
“Españoles, Franco ha muerto”. El entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, compungido, compareció en televisión el 20 de noviembre de 1975 para comunicar la muerte del dictador y leer su testamento político antes de proferir con voz quebrada un ¡Viva España! (EFE)
Y así se llega políticamente a la recta final; a la gran agonía de Francisco Franco. Primer síntoma, el 12 de octubre. Después de los actos del día de la Raza, primeros síntomas de gripe o algo parecido. Cinco días después, el último Consejo de Ministros que presidió. Su debilidad le impide estar más de veinte minutos. Ya es la enfermedad final. Es atendido en El Pardo por “el equipo médico habitual”. Se le hace una intervención quirúrgica, mientras los médicos informan en su partes de su gravedad. El príncipe Juan Carlos se hace cargo por segunda vez de la jefatura del Estado. No quería, sólo quería ser jefe de estado efectivo, pero se impone el sentido del deber. Así lo dice al Consejo de Ministros que preside el 31 de octubre: “Una vez más el sentido del deber me impone hacerme cargo de la jefatura del Estado”.
La sensación externa, dentro de la escasa información de los partes médicos, es que Franco agoniza. Ante el palacio de El Pardo se concentran periodistas y público que no quiere perder el momento histórico. Dentro del palacio, doña Carmen empieza a sentir su viudedad. El marqués de Villaverde hace cálculos porque necesita que Franco viva hasta el 26 de noviembre, fecha en que hay que renovar al presidente de las Cortes y el franquismo quiere un franquista como Alejandro Rodríguez de Valcárcel. Los soldados del regimiento se ofrecen para dar sangre al jefe supremo de los ejércitos, muy debilitado por la intervención quirúrgica.
Don Juan Carlos hace sus segundas prácticas de jefe de Estado. Domina bien el escenario interior, sabe cómo transmitir tranquilidad, pero salta lo imprevisto: el astuto Hassan II, rey de Marruecos, pulsa la debilidad del Estado español y organiza la marcha verde sobre el Sáhara. El príncipe pide la ayuda de Kissinger a través de Manuel Prado y Colón de Carvajal y a espaldas del Ministerio de Asuntos Exteriores, con profundo desagrado del ministro Cortina por esta “diplomacia paralela” de La Zarzuela y que tanto había practicado el futuro rey por la falta de apoyo de las estructuras oficiales. Por la decisión del rey, por el apoyo de Estados Unidos o por necesidades de intendencia, la marcha verde retrocedió desde Agadir hasta Tarfaya.
La gran sorpresa: don Juan Carlos se presenta en el Sahara a ponerse al frente de las tropas españolas, aunque sólo fuese para darles moral. No quería un ejército que se sintiera huérfano mientras el jefe del Estado agonizaba. Con aquel gesto el futuro rey no sólo ganó la confianza de los militares y de gran parte de los ciudadanos. Increíblemente ganó el respeto de Hasan II, y sí se lo hizo saber, según le contó a este cronista casi cuarenta años después. Las Cortes aprueban el Proyecto de Descolonización del Territorio Autónomo del Sáhara. El problema, prolongado hasta nuestros días, se convierte en internacional.
Finalmente, el 7 de noviembre Franco es trasladado a la Ciudad Sanitaria La Paz de Madrid. Tiene que ser operado nuevamente y ya nadie apuesta por su vida. Los partes del “equipo médico habitual” no suscitan ninguna esperanza de recuperación. Se habla de “nuevas y múltiples ulceraciones en el estómago que le hacen sangrar profusamente”. Es lo que se llamó después la “lenta y dolorosa agonía”.
Fuera de la clínica, el gobierno, bajo la batuta de don Juan Carlos, trata de aparentar normalidad y toma decisiones, alguna tan singular como la creación de una comisión para un régimen especial de las provincias de Vizcaya y Gipuzkoa, las antiguas “provincias traidoras”. Y está en marcha la operación Lucero con múltiples finalidades: garantizar el orden si se produce la defunción del Caudillo, preparar toda la parafernalia del entierro y, de paso, detener a todos los “rojos” sospechosos de preparar acciones subversivas. Unos cuantos, y de nombres sonoros, durmieron aquellas noches en calabozos.
España, mientras tanto, espera con ansiedad el desenlace. No hay movimientos que se puedan calificar, según el lenguaje oficial de la época, como “subversivos”, sin duda por el despliegue de las cuerpos y fuerzas de seguridad, en estado de alerta. Pero sí hay tomas de posición públicas, más o menos veladas y todavía marcadas por el miedo y la autocensura. Ha vuelto Fraga, uno de los deseados de la época, y escribe artículos. Estallan los primeros conflictos entre el futuro rey y el presidente Arias Navarro. Y se mueven los militares más leales, los del búnker, a quienes nunca han gustado los contactos del príncipe.
Según cuentan las crónicas, a medida que se pierde la esperanza de recuperación del Generalísimo, se intensifican las plegarias. Se reza por la salud del enfermo en multitud de templos, según la informaciones oficiales. A La Paz se hacen llegar reliquias de santos de las que se espera que hagan el milagro. Entre los objetos milagrosos, una mantilla de la Virgen de la O.
Pero las oraciones no funcionan. Los partes médicos insisten en la gravedad. El día 19 de noviembre las escasísimas informaciones que captan los periodistas hablan de situación desesperada. La vida de Franco se está sosteniendo de forma artificial. Una foto que publicaría después Intervíu, al parecer hecha por el marqués de Villaverde, reveló la crueldad de la agonía. Nunca se explicó debidamente por qué se le mantuvo tanto tiempo con vida. La hora oficial de la defunción fue a las 5.25 del 20 de noviembre, aunque hay datos de que fue a las 3.40. El parte final decía: “Enfermedad de Parkinson. Cardiopatía isquémica con infarto agudo de miocardio arteroseptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas aguas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. Tromboflebitis ileofemoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspirativa. Choque endotóxico. Parada cardiaca”.

Estos fueron los sufrimientos que causaron la segunda y definitiva muerte de Franco.
Con el acta de defunción se escribía el último capítulo de una historia que había durado cuarenta años; una “longa noite de pedra”, en descripción de un poeta gallego; la etapa más triste del tiempo contemporáneo, según la mayoría de los historiadores; la época en que España empezó a conocer la prosperidad y el nacimiento de las clases medias, según los análisis más favorables. Y, desde luego, una dictadura con todos sus instrumentos: represión, censura, cárcel, exilio, fusilamientos y lo que cuarenta años después no hemos conseguido resolver: los cadáveres en las cunetas.
Cuando el cadáver de Franco se expuso en el Palacio Real para recibir la despedida de los ciudadanos, desfilaron miles de personas. Hubo de todo: fieles a la memoria del Caudillo, curiosos que querían ver a un personaje histórico y estar en un momento histórico y gentes que al salir no tenían reparo en decir: fui a escupirle. Lo normal es concluir que dejó una España dividida entre partidarios y ciudadanos que nunca le quisieron perdonar. Hoy, cuarenta años después, todavía quedan restos del llamado franquismo sociológico. Alfonso Guerra cree que es un fenómeno que tardaremos un siglo en superar.




«¡Españoles! ¡Franco ha muerto!»
Cuarenta años del anuncio de su muerte por Carlos Arias Navarro en una de las escenas de televisión más vistas

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El presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro, en el momento del anuncio
El presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro, en el momento del anuncio - ABC
MARISA GALLERO Madrid - 20/11/2015 a las 02:28:30h. - Act. a las 09:54:25h.
Guardado en: España - Temas: Carlos Arias Navarro , Francisco Franco Bahamonde , Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo
«El 20 de noviembre estaba en mi despacho, porque la muerte de Franco era inmediata. Habíamos montado un estudio pequeño de televisión en el propio Ministerio de Información y Turismo, para dar las noticias urgentes. Desde mis ventanas, se veía la vivienda del ministro León Herrera, y de pronto se encendieron las luces de su casa a las seis de la mañana. Pensé: “Eso es que Franco ha muerto”. A continuación salió el coche del ministro y a los cinco minutos llegó el teletipo anunciando su muerte», así recuerda Jesús Sancho Rof, director general de RTVE en los últimos años del franquismo, cómo fueron los momentos previos a la grabación de una de las escenas de televisión más recordadas por millones de españoles. El momento que Carlos Arias Navarro anunció con voz compungida: «¡Españoles! ¡Franco… ha muerto!».

Había asumido la dirección del ente el 5 de abril de 1974, bajo la presidencia de Arias Navarro. «Me llamó León Herrera para proponerme el cargo. Estaba trabajando con Fernández Sordo, entonces ministro de Relaciones Sindicales y le pregunté qué opinaba. Se quedó treinta segundos pensando y me apuntó: “Acepta, porque Franco se muere y hay que apoyar al Príncipe con los misiles de la televisión”. Fue una de las primeras personas que fui a ver cuándo me nombraron director. “Alteza, la televisión está a su disposición”, le dije. E hicimos todo lo posible por evitar las “meteduras” de pata del padre… Aquello funcionó en una época que era muy complicada».

«¡Franco no se podía morir!»
El 9 de julio de ese año, Franco ingresó en la Clínica Privada de la Ciudad Sanitaria que tenía su mismo nombre aquejado de una tromboflebitis. Tras un breve proceso de recuperación sufriría un retroceso que le impidió asistir a la tradicional recepción del 18 de julio en la Granja, fiesta nacional y aniversario del golpe militar que dio origen a la guerra civil. Todo parecía que iba a seguir igual. Se apostaba por la continuidad del Régimen.

«¡Franco no se podía morir! –recuerda Sancho Rof– Desde que sufrió la flebitis, estaban todos los prohombres del régimen rodeándole. Y tanto era así, que en televisión no había una biografía del general, ni tampoco del futuro Rey. Al alargarse la enfermedad, se pudo preparar una programación adecuada para el día de su muerte. No teníamos ni unidades móviles. Durante ese tiempo, se montó la operación Lucero para realizar el cambio a la monarquía tras la muerte del caudillo. Don Juan Carlos se dio cuenta, y el mismo día que jura, apareció en TVE un motorista con un sobre de la Casa del Rey que anunciaba que se suprimía la operación Lucero y se ponía en marcha la operación Alborada. Tomó las riendas desde el primer segundo».

El 3 de septiembre de 1974, las pantallas de televisión ofrecieron la imagen de un Franco recuperado que jugaba al golf en el campo de La Zapateira, ocultando sus dificultades motoras, sus problemas de dicción. «A mí me tocó grabar a Franco el último mensaje de fin de año. Veías a ese hombre viejecito, consumido, enfermo, pero ante todo, militar. Tenía escrito en el teleprompter el discurso a trocitos. Cuando le avisabas que tenía que grabar, le decías: “Mi general”. Y ese hombre hundido se erguía y se ponía en primera posición de saludo. Soltaba la frase y cuando acababa, se volvía a hundir. Entonces aparecía toda la corte, incluido el médico, y le alentaban: “¡Magnífico mi general! ¡Estupendo! ¡Como nunca!», cuenta el que fue ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social con Leopoldo Calvo-Sotelo.

«¡Que no hable! ¡Córtale la señal!»
En otras imágenes grabadas un año más tarde, en un acto que presidió en el patio de armas de El Pardo, el día 12 de octubre, que se conmemoraba entonces el Día de la Raza, muestran su deterioro físico, los estragos del párkinson. El último Consejo de Ministros que presidió Franco fue el viernes 17 de octubre de 1975, dos días después de sufrir un infarto agudo que el propio interesado calificó de corte de digestión. «Cuando empieza a estar muy enfermo, y preside el Consejo con marcapasos, la sensación era que no pasaba nada. No se ocultaba información, porque no había información. Todo era cerrado. Un día me llega al despacho el jefe de informativos y me dice: “El corresponsal de la televisión francesa nos pide urgentemente un locutorio y una conexión con Francia para anunciar que Franco se ha muerto, porque aquí nadie dice nada”. “Pero, ¿qué dices?”, le respondí. Cogí el teléfono y llamé al ministro de Información para explicarle la situación. Me contestó: ¡Que no hable! ¡Córtale la señal!”. Intenté razonar: “¿Cómo le voy a cortar la señal a la televisión francesa? Lo que tendría qué hacer el Gobierno es dar una nota sobre la salud de Franco”. Salió un comunicado explicando que estaba constipado, que salía de una gripe y que no le pasaba nada. A partir de ahí se suceden los partes médicos, en cuanto había alguna mejoría había que darla inmediatamente. A mí ya me aburrían».
Así también lo cuenta Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona en «Memorial de transiciones (1939-1978)» editado por Galaxia Gutenberg. «Se daban con cuentagotas las noticias sobre la salud de Franco, firmadas por “el equipo médico habitual”. Hacia afuera empezó el reguero de partes médicos, que se leían con voz solemne en el telediario […]. Imaginar que Franco moriría era casi subversivo».

«¡La radio la han tomado los comunistas!»
A principios de noviembre, las arterias del general no resisten y le operan en el Pardo. Dos días más tarde, el 5 de noviembre, lo trasladan a La Paz y con 83 años pasa otras cuatro horas y media de quirófano. «Cuando a Franco le están operando, surgió la duda de si cortar o no la programación de TVE. Fue la famosa noche que se transmitían documentales de pájaros, y más pájaros, mientras esperábamos a ver qué pasaba, aquello no se acababa nunca. Cómo sería el ambiente, que una noche, a las tres de la mañana, me llama el director general de Seguridad y me dice: “¡La radio la han tomado los comunistas!”. ¡Qué dices!, le contesté. “¿No estás oyendo Radio Nacional?”. “Pues no, estoy en la cama durmiendo”. Cuando cuelga, pongo la radio, y había un coloquio donde seis arquitectos opinaban sobre la Sagrada Familia de Gaudí. Le llamé de nuevo: “Te habrás equivocado de emisora, porque es un coloquio de arquitectos”. Y responde: “Sí, ese mismo. De los seis, cuatro son comunistas”. Me dio la risa: “Me haces un favor. Mándame mañana la lista de comunistas para que yo la tenga en el despacho y así no haya ningún problema”. ¡Así estaba el país!».
La hora oficial de la muerte de Francisco Franco fue las 5:25 de la mañana, aunque falleció antes de las dos de la madrugada. «Para ese desenlace estaba prevista una intervención de Carlos Arias Navarro. El guion estaba cargado en el teleprompter. Cuando Arias llega al estudio junto a León Herrera, le dije: “Bueno presidente, está todo preparado”. Y respondió: “Lo que tengas preparado no vale. Tengo escrito cosas nuevas. La hija de Franco le había dado su testamento, y le descolocó e improvisó un discurso». Las palabras de Arias Navarro forman parte de nuestra historia y del fin de una dictadura: «¡Españoles! ¡Franco… ha muerto! […] Yo sé que en estos momentos mi voz llegará a vuestros hogares, entrecortada y confundida por el murmullo de vuestros sollozos… Es natural; es el llanto de España, que siente como nunca la angustia infinita de su orfandad […]»



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Recuperar España
El Mundo | Nicolás Redondo Terreros
Es posible adivinar, con suficiente concreción, qué protagonistas políticos ocuparán el escenario de la vida pública española y algunos de los asuntos que fijarán la atención de los dirigentes y de la sociedad española durante los próximos cuatro años. No parece que habrá mayorías absolutas, aunque el PP gozará de más respaldo del que muestran las últimas encuestas. El partido de Albert Rivera se convertirá en la sorpresa del 20-D y, según sea el tamaño de la sorpresa de Ciudadanos, el Partido Socialista iniciará un camino más o menos incierto hacía una refundación que tiene pendiente desde que celebró su congreso en Sevilla.
El PSOE no tiene un problema de liderazgo, tiene un reto de definición previo a las personas que lo dirigen y, además, tiene que asentar su política territorial sobre la España que existe, no sobre la que nos gustaría que existiera. La socialdemocracia europea necesita saber cómo actuar, no sólo ante una crisis económica sin precedentes, sino en un nuevo siglo que es el inicio de una nueva época, en la que no sirven ni paradigmas, ni marcos del siglo pasado. El partido de Iglesias Jr., una vez pasada la ola de incienso mediático, no obtendrá el resultado que pronosticaban las encuestas hace 12 meses y se moverá entre un ligero aumento de los resultados de IU y las expectativas que tenía este mismo partido antes de que fuera inteligente e innoblemente saboteado con una estrategia puramente comunista. Los nacionalismos periféricos obtendrán un respaldo electoral que les hará prescindibles para la aritmética parlamentaria pero, probablemente, muy necesarios desde una perspectiva política. En cualquier caso, Convergència, venga disfrazado como venga al Palacio de las Cortes, no parece que vaya a desempeñar al principio de la legislatura un papel estelar como antaño lo hizo.
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Por lo tanto, la política resultante será la consecuencia de trabajosos pactos y no es de valientes aventurar una legislatura inestable, que no terminará con los protagonistas que la inicien en la misma responsabilidad para entretenimiento de los medios de comunicación. Tampoco corro el riesgo de equivocarme mucho al afirmar que esta legislatura tendrá una importancia sobresaliente en el futuro de nuestro país. Los protagonistas políticos de los próximos cuatro años se enfrentarán a una encrucijada determinante, como muchas otras en nuestra historia en las que no hemos elegido bien. O es una legislatura de reformas que impulsen el proyecto constitucional del 78, o son cuatro años estériles, vacíos de política con mayúsculas y plenos de política partidaria y pequeña, haciendo seguro el peor presagio: el inicio de un fin sabido y que sólo se podrá retrasar. En esta situación grave para el país es cuando se distingue mejor la política con mayúsculas, la buena política de la pequeña política, sectaria o de campanario de siglas. Lo que los llamados a ser la sorpresa del 20-D denominan como “la nueva política”.
Creo que la crisis política que vivimos, supongo que nadie dudará de la propiedad del concepto, se debe desde luego a las consecuencias sociales de la crisis económica, a las que se suma el órdago antidemocrático del independentismo catalán y también una crisis de los partidos que tradicionalmente han protagonizado la política española. Es más evidente la del PSOE porque está en la oposición, pero la del PP está ahí y en las próximas elecciones la veremos más claramente: o perderá por la derecha o perderá por el centro, pero ya no será el partido que abarque el amplísimo abanico que va desde el centro moderado -intercambiable con los socialistas, aunque éstos lo hayan ignorado en los últimos 10 años- a los confines de la derecha.
Pero entre todas las crisis que componen la crisis política de España me preocupa la provocada por el independentismo catalán. De cómo salgamos de esta crisis dependerá nuestro futuro;me parece igual de grave que la económica y, a pesar de los graves efectos directos de esta última sobre los ciudadanos, más determinante a medio y largo plazo. La primera condición para solucionar un problema como el planteado en Cataluña es realizar un diagnóstico acertado y puede que lamentablemente nos estemos equivocando. Se nos dice que los independentistas no conseguirán su objetivo, pero su fracaso no es la solución total y definitiva del problema. Cierto que es necesario ganar este envite, pero la quiebra por parte de un partido básico en la Transición y en los últimos 30 años del pacto de lealtad sobre el que se fundó el Estado Autonómico, nos plantea preguntas trascendentes para nuestro futuro a medio y largo plazo, además de darnos la oportunidad de reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos del desarrollo de las autonomías. La fuerza de los nacionalismos periféricos estos años, la vocación de la clase política de integrarles en el sistema, la fuerza de emulación de los que no son nacionalistas en otras comunidades y una evidente sensación de estar menos legitimados que ellos a la hora de la configuración del modelo autonómico -todo lo que pedían se convertía en legítimo y un rechazo a sus reclamaciones, en la intolerable oposición antidemocrática de la vieja España, nos ha arrastrado a un modelo sentimental dominado por las historias locales, siempre idealizadas, en el que la razón brilla por su ausencia. En Francia, por motivos prosaicamente económicos – creen que pueden ahorrar entre 12.000 y 25.000 millones de euros-, han realizado una reforma territorial que ha reducido el número de regiones de 22 a 13 y no creo que tengan una historia menor que la nuestra, distinta pero no menos sobresaliente.
No abogo por la desaparición de las autonomías, pero sí defiendo un espíritu racional para enfrentarnos al futuro territorial, aplicando la razón y principios de eficiencia al modelo, evitando, como se evita a la peste, que se anquilose o se petrifique. Durante la Transición aceptamos que el esfuerzo mayor de integración lo teníamos que hacer nosotros, el resto, la mayoría, por culpas remotas e imaginarias que se pueden remontar para algunos a los Reyes Católicos y que tienen que ver con la influencia que sobre nosotros mismos ejerce la leyenda negra -oscilamos entre una visión acrítica de nuestra historia para la que todos nuestros males tienen que ver con nuestros vecinos, ateos, judíos o comunistas según convenga y la asunción, también acrítica, de lo negativo que se pueda decir de nuestra historia.
Tanto fue así que en parte renunciamos a una cobertura histórica, sentimental y simbólica en el desarrollo de la España democrática, a la que teníamos y tenemos derecho como ciudadanos de una de las naciones más antiguas de Europa. Y es esta debilidad la que me hace recordar unas palabras de Michael Burleigh sobre la República de Weimar: “Se podía afirmar que la república no consiguió captar el mundo de representaciones simbólicas que son necesarias para que un régimen pueda sobrevivir”. En inevitable correspondencia, ¡los vacíos en la vida pública se llenan con urgencia!, proliferan las historias, los sentimientos y los simbolismos locales, llevados hasta la caricatura en algunos casos, hasta la quiebra de la nación en el caso catalán. No hemos sabido oponer al nacionalismo identitario, fortalecido por la utilización de las estructuras autonómicas y la educación en beneficio propio, el nacionalismo cívico que propone Ignatieff o el patriotismo constitucional; que tienen en común la voluntad de poner por debajo de la ley los sentimientos de pertenencia y las identidades, sean religiosas, ideológicas o identitarias.
Es hora de recuperar una idea de España sin complejos, una España constitucional, moderna, tolerante y en la que prevalezca la razón en el espacio público; una España plural, diversa, pero también unida, una España con su historia sometida a la crítica pero segura de haber sido uno de los sujetos de la historia de Europa más influyente. Una España de ciudadanos que no se sientan prisioneros del pasado, ni de tradiciones, ni de religiones, ni de ideologías. Una España que en el 78 rechazó las zonas oscuras de nuestra historia, una España que se opone a ser prisionera de sentimentalismos, que rechaza petrificarse en el pasado como remedio a los interrogantes que nos plantea el día a día, muy distinta a la de antaño, ignorante, egoísta, intolerante, que consideraba al adversario enemigo y que hoy se refugia, aunque sea disfrazada, en el nacionalismo catalán.
Nicolás Redondo Terreros es presidente de la Fundación para la Libertad y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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Sáhara Occidental, 40 años de injusticia
El País | Francisco José Alonso Rodríguez
Tenemos que recordar que el 16 de Octubre de 1975, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, condenó las pretensiones de Mauritania y Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental, en una sentencia donde dice, entre otras consideraciones: “El Sáhara Occidental no tiene lazos de soberanía con Marruecos o Mauritania. Debe aplicarse, por tanto, el derecho de autodeterminación”.
Esta sentencia contradice los planes del entonces Rey de Marruecos Hassan II, de construir un gran imperio marroquí, que se extendiera hasta las orillas del rio Senegal. El 6 de Noviembre aprovechando la agonía de Franco lanza la “Marcha verde” sobre el Sáhara Occidental, en la que 350.000 marroquíes cruzan la frontera desde Marruecos, y se produce con el beneplácito de la comunidad internacional la invasión militar marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental y comienza el exterminio silencioso del pueblo saharaui.
No obstante, el 14 de Noviembre de 1975, el Gobierno de Arias Navarro, firma el documento de la entrega del territorio y la administración del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, y empieza el Éxodo de la población civil saharaui, bajo bombardeos con fósforo y napalm. No podemos olvidar que los saharauis llevaban en sus bolsillos el Documento nacional de identidad Español y se asientan en los campos de refugiados en Tinduf (Argelia). Los saharauis que quedaron en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, fueron y siguen siendo, perseguidos, torturados, encarcelados, eliminados o desaparecidos, por el hecho de mantener sus señas propias de identidad ante el invasor. En una continua violación de los derechos humanos por parte de Marruecos.
Recordemos que el 6 de septiembre de 1991 se fija como fecha para la finalización de la guerra y el 26 de enero de 1992, como la fecha para celebrar un referéndum de autodeterminación, firmado por las dos partes y como garante, las Naciones Unidas que aprueba el Plan de Paz (Resolución 690/1991).
Desde 1996 el Polisario y el Gobierno de la RSAD vienen amenazando con la vuelta a las armas como una garantía de recuperar su país, ocupado militarmente por Marruecos desde 1975. Durante estos 40 años de ocupación militar del Sáhara Occidental por Marruecos, la comunidad internacional ha abandonado a su suerte al pueblo del Sáhara Occidental, permitiendo que Marruecos, con el apoyo de algunos países amigos, perpetre un genocidio sobre el pueblo saharaui. No podemos quitar la culpa a los Gobiernos de España y a las personas que les prometieron estar al lado del pueblo saharaui hasta la victoria final y la recuperación de su territorio, entre otros, nuestro anterior Rey y Felipe González.
Mohamed Salem Uld al Salek, Ministro de Asuntos Exteriores de la RASD, advirtió hace un mes en Nueva York, la posible vuelta a la guerra con Marruecos si no hay avances hacia un referéndum que resuelva la situación de la excolonia española. El pueblo saharaui y sus dirigentes vienen profiriendo estas amenazas, porque ven una y otra vez defraudadas sus aspiraciones y reiteran continuamente: “queremos una muerte digna recuperando nuestro país en una guerra, que una muerte silenciosa e indigna por una potencia que nos ocupa militarmente y viola nuestra dignidad”.
Quiero hacer referencia, por su importancia, que en un Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en Pleno, nº40 de 2014, en la querella presentada por la Liga Española Pro Derechos Humanos, contra varios miembros del Gobierno Marroquí, por el asesinato del Saharaui-Español Baby Liamday Buyema, por las fuerzas de Seguridad Marroquí, el 8 de noviembre de 2010, dictaminaron entre otras cosas: “En definitiva, España de iure, aunque no de facto (por derecho y no por hecho), sigue siendo la Potencia Administradora, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas”. A continuación, añade: “Debe señalarse por último, que si por la legalidad internacional, un territorio no puede ser considerado marroquí, tampoco puede aceptarse su jurisdicción como fuero preferente del lugar de comisión del delito”.
“No es tiempo ya de palabras, llegó el tiempo de los hechos y la acción”, este es, repito sin duda alguna, el deseo del digno pueblo saharaui. No se les puede tener otros 40 años viviendo en la incertidumbre en la que están, es más, en estos momentos el campamento saharaui en Tinduf (Argelia) está devastado por las grandes lluvias. Sería el momento adecuado para que todas las personas que no pueden por sus limitaciones coger las armas, fueran acogidas en España como españoles, ya que nunca han dejado de tener esa condición, pues no olvidemos que España sigue siendo la potencia administradora.
Queda clara la responsabilidad del Gobierno y Estado Español en el caso del Sáhara Occidental: debe por su dignidad y la de todos los españoles, procurar una salida digna que permita al pueblo saharaui recuperar su territorio y pueda vivir en paz. Quiero dejar claro, como ya en algunas ocasiones lo he manifestado: “Una ocupación militar, nunca puede ser legalizada, pues perderíamos toda la humanidad”.
Francisco José Alonso Rodríguez es presidente de Liga Española Pro Derechos Humanos y de la Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España